miércoles, 27 de mayo de 2015

ALGO DE HISTORIA

La movilidad en Bogotá ha venido creciendo a ritmos acelerados,  producto del conflicto interno que vive el país y que ha llevado al crecimiento de la ciudad  de una forma que no ha podido ser planificada, tanto que ya se puede hablar de una megalópolis con 9 millones de habitantes contado su área urbana y los municipios cercanos.
Si nos remontamos a 1967 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transportaron, en promedio, 1.629.254 pasajeros por día.
En esta época, cuando la ciudad era de un poco más de un millón de habitantes y tenía 8.000 hectáreas de extensión, el servicio era relativamente razonable y cómodo. Pero a medida que la ciudad creció y llegó a alcanzar más de nueve millones de habitantes y una extensión superior a 30.000 hectáreas, no sólo aumentó sustancialmente el parque automotor hasta alcanzar más de 20.000 vehículos, sino que se multiplicaron la anarquía, el caos, la ineficiencia, la incomodidad y la contaminación.

También se relaciona a la movilidad el tema de trabajo informal, donde vendedores informales y mecánicos ganan el diario para su subsistencia
Desde los años 60 hasta los 90, el transporte colectivo corre,  en su gran mayoría, por cuenta de empresarios privados, de manera anárquica, incomoda, costosa e insostenible, fortaleciendo el oligopolio de la movilidad en la ciudad y que, desde mediados de los 80 y, sobre todo, a finales de los 90, hace crisis.
Esta crisis es fruto de la extensión de la ciudad, producto de el conflicto interno que ha llevadoa millones de personas a buscar oportunidad en la ciudad, el aumento de la población se incremento de un 30% a un 75%, y del parque automotor manteniéndose la infraestructura vial de la época.
Para finales del siglo XX la situación era crítica. No existía un verdadero sistema de transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehículo particular – lo cual incentivaba aún más su uso  – y la ciudad registraba bajos niveles de competitividad a nivel latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes.
Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jaime Castro (1992-1994),  además de la primera de Antanas Mockus (1995 – 1997), formularon propuestas para solucionar el problema de transporte público, con resultados limitados. Fue durante la alcaldía de este último cuando se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un sistema de transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad en Bogotá. Todos ellos de una ideología de derecha, y que solo buscaban era como crear un sistema que beneficiara al capital, que fuera rentable pero poco pensaron en remediar el tema de movilidad, esto se evidencia en la falta grandes vías al sur de la ciudad, y al norte si se aprecian grandes vías.
El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de gobierno, como proyecto prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al problema del transporte público. En consecuencia, en la ejecución del plan de desarrollo Por la Bogotá que queremos en cuanto a movilidad y de manera concreta al proyecto del sistema de transporte masivo, se determinó la construcción de una infraestructura especial destinada de manera específica  y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del sistema a los usuario. Además de ver en este una forma de meter capital para ser parte del oligopolio de transporte.
En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la primera administración del alcalde Antanas Mockus por la Japan International Cooperation Agency (JICA), los cuales determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, pues sólo a quince o veinte años se necesitaría una línea y que su costo era diez veces mayor a la alternativa de buses articulados, se decidió, como la solución al problema del transporte público la creación del Sistema TransMilenio, sustentado en cuatro pilares:
1.    Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno.
2.    Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento.
3.    Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte en el que converjan las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase y, por el contrario, trato igualitario.
4.    Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y efectivo.
Después de no pocos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos concejales y empresarios del transporte, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del sistema por medio del acuerdo 04 de 1999, que autorizó al alcalde mayor, en representación de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., dada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos. Lo cual llevo a que el distrito solo tuviera el 4% de las ganancias y los operadores privados el 96%, además el distrito tendría que garantizar la seguridad y el mantenimiento de las losas.
TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio. Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas.

En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003) incluyó en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir en un 20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios fueron las tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba.

Durante la administración del actual Alcalde Gustavo Petro, entraron  a operar las troncales de la Avenida Eldorado y la Carrera 10ª.


jueves, 7 de mayo de 2015

El transporte público como derecho ciudadano, como derecho a la ciudad.

El transporte público como derecho ciudadano, como derecho a la ciudad.
Pensando en la Cumbre Urbana...
Por Frank Molano Camargo

En ciudades como Bogotá, la mayoría de los habitantes, trabajadores formales e informales, estudiantes, amas de casa, desempleados son "tránsito-dependientes". Es decir dependen exclusivamente del servicio público de transporte masivo para llegar a sus hogares, empleos, o instituciones educativas.
Sin embargo, siendo la mayoría en el sistema de transporte, son los que no tienen ningún tipo de representación directa en las decisiones que se toman sobre la ciudad y las políticas públicas urbanas.
Este poder de hacer transporte en la ciudad, lo han tenido históricamente los empresarios del gremio, los políticos asociados a estos gremios y sus negocios de concesionarios, seguros, bombas de gasolina, etc. y por su puesto el Estado, sus ministros, alcaldes, secretarios de transporte.
No obstante una discusión pública en la que tenga voz principal el usuario del derecho al transporte, más allá del día sin carro y sin moto, o del debate mediático de la "mala cultura ciudadana" ante quienes no pagan el transmilenio, o el debate acerca de si el metro nos hace una metrópoli del siglo XXI, está buscando un escenario propio.
Algunas experiencias de derecho al transporte y derecho a la ciudad, pueden ser inspiradoras y servir como referente.
En 1996 en la ciudad de Los Angeles-California, una organización denominada Sindicato de Pasajeros, logró que la autoridad de transporte de esa ciudad fallara a su favor e hiciera una reparación histórica a los "tránsito-dependientes". Baja en el precio de transporte público, aumento de buses y su frecuencia 24 horas del días, siete días a la semana, exigencia de sistemas ambientales de transporte, lucha por la restricción al uso del auto o la moto particular, han sido producto de campañas como "billones para los autobuses", más buses menos policia (en una ciudad caracterizada por la brutalidd policial),
El sindicato de pasajeros de Los Ángeles, además del activismo por el derecho al transporte, ha logrado vínculos con la academia, así como la producción de sus propias investigaciones sobre este asunto, encontrando que para esa ciudad, las políticas del transporte público masivo han estado construidas desde una historia de desigualdad racial y ambiental, que no considera seriamente las necesidades de transporte urbano de las comunidades negras, a su vez las comunidades más pobres de la ciudad. Todo esto llevó a la organización del sindicato y a mantener desde entonces una actividad de movilización, investigación y logros, también derrotas y retrocesos.
Una hipótesis de trabajo para ciudades como Bogotá es que el sistema de transporte público masivo ha sido construído históricamente agudizando la desigualdad social y territorial y la criminalización del "tránsito-dependiente". Por ejemplo esas campañas moralistas de los "colados" en transmilenio, no indagan por las implicaciones socio-económicas que están en la base de esa actitud: el cambio socio-económico en las formas de transportarse para los sectores populares. "Antes podía negociar con el conductor, -me lleva por mil-, o nos lleva a los cuatro por dos mil", dicen quienes ejercían esas prácticas, personas bajo o cero ingreso, estudiantes, trabajadores informales, pero ahora la obligatoriedad del pago de $1.700 pesos, incrementa el gasto, de manera exponencial, para quien debe hacer varios recorridos diarios, asuntos que las campañas ciudadanas, moralistas y criminalizadoras no pueden explicar.
De acuerdo la solución no puede ser poner la vida en riesgo, colarse, comprar moto, etc. El asunto es como democratizamos el transporte y lo asumimos como derecho.
El cambio en la modalidad del transporte y el paso al SITP, si bien tiene potencialmente aspectos positivos, no ha buscado atacar problemas históricos de justicia social y espacial, baja en el precio de la tarifa, tarifa diferencial, regularidad e intensidad de recorridos.