Para algunos, la sentencia es beneficiosa. Otros la califican de demagoga.
Una intensa polémica se ha desatado por un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena a TransMilenio renegociar los contratos de los operadores para que el Distrito obtenga mayor participación en los recursos que genera el sistema.
Según el fallo, por cada pasaje que se recibe, los operadores troncales se quedan con el 71,10 por ciento de los recursos y TransMilenio (la ciudad), con el 5,73 por ciento. Lo demás se reparte entre la fiducia (0,04 por ciento) y los concesionarios del recaudo (9 por ciento) y de alimentadores (14,13 por ciento).
La decisión, en primera instancia, le da a TransMilenio tres meses para que los operadores asuman el costo de la acción de recaudo y los costos de aseo y vigilancia, que, según los magistrados, habían salido del bolsillo de la ciudad.
El Tribunal consideró que "es un hecho que la empresa TransMilenio resulte inviable, producto del porcentaje que le corresponde de la operación del sistema y de las obligaciones que ha asumido sin que le correspondan" y con esto, aseguró, se está protegiendo a los usuarios.
Sin embargo, la sentencia ha despertado todo tipo de opiniones. Algunas voces a favor la califican como una buena oportunidad para la ciudad. "Los contratos de la Fase I están a punto de vencerse. Por eso, más que renegociarlos, deberían cerrarse y generarse concesiones más favorables. En la fase II debe mirarse en detalle y renegociar si se comprueba que los operadores están ganando más", dijo Juan Pablo Bocarejo, experto en movilidad de la Universidad de los Andes, que además propone una auditoría extranjera que medie en el tema.
Otras voces criticaron que el fallo se dé nueve años después de interpuesta la acción popular, pues se basa en cifras desactualizadas, "que no reflejan la realidad financiera de TransMilenio", y además fue un recurso que intentaba suspender el proceso contractual de la troncal NQS, que hoy completa seis años de funcionamiento.
El ex alcalde Paul Bromberg dijo que la sentencia era "demagógica" y agregó que este tipo de actuaciones "eran el gobierno de los jueces en acción", que pueden frenar la expansión del sistema y acabar elevando las tarifas. Este último aspecto ha llamado la atención, pues si los concesionarios deben asumir nuevos costos, estos podrían reflejarse en el valor del pasaje.
Pero el fallo previene esta situación y le pide a TransMilenio evitar un potencial incremento que podría "ocasionar un problema social de importancia mayúscula". Lo cierto es que los operadores y la administración pasada apelaron, una decisión que, con respecto al Distrito y para algunos, podría ser "políticamente incorrecta" si se tiene en cuenta que la sentencia defiende a los usuarios.
Otras críticas apuntaron a que existe un desconocimiento del tema, pues varios de esos aspectos que pidió reivindicar el Tribunal ya fueron asumidos en la Fase II e, incluso, existen concesionarios que manejan el recaudo.
Si el caso llega al Consejo de Estado, advirtió Bromberg, podría tomar entre dos y tres años en resolverse. Tiempo en que ya habrán vencido los contratos o tuvieron que haberse renegociado con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
El nuevo gerente de TransMilenio, Carlos García, se abstuvo de pronunciarse sobre la decisión, mientras evalúa sus implicaciones para el sistema y los usuarios.
La sentencia, 'nociva para la contratación'
El ex alcalde de Bogotá Juan Martín Caicedo lamentó "la ligereza del fallo, porque obliga a un replanteamiento de las condiciones de los contratos, que serán trasladadas directamente a los usuarios del sistema". Además, dijo que esta decisión crea un grave precedente en contra de la participación privada.
En esto coincide Paul Bromberg, también ex alcalde, que aseguró que se está generando una incertidumbre jurídica para los futuros operadores, que "puede actuar en sentido contrario al mejoramiento de la ciudad".
Otras voces advierten que esta sentencia resulta "nociva para la contratación pública", que podría terminar en un desequilibrio económico.
LINA SÁNCHEZ ALVARADO - REDACTORA DE EL TIEMPO
