miércoles, 3 de junio de 2015

FRENTE A LA REDUCCIÓN DE LA TARIFA EN EL TRANSPORTE


En el concejo de Bogotá el 10 de junio se presentó el proyecto de acuerdo No 327 de 2008 por los concejales Jaime Caicedo y Celio Nieves, no se tuvo ningún resultado de esta propuesta.

También el 15 de marzo de 2010 el representante a la cámara Carlos Amaya presento un proyecto de ley que tenía por objeto conceder a los estudiantes de educación básica, media y superior el beneficio de tarifas diferenciales de transporte público. Tampoco se tuvo una respuesta frente a la propuesta.

En el 2011 Josías Fiesco se concentra en la recolección de 100 mil firmas por tarifa estudiantil, tampoco se logró pasar y rebajar el pasaje.

Más de 4 veces se ha presentado en el Concejo de Bogotá propuestas para rebajar las tarifas, en la cámara de representantes se ha pasado una iniciativa y nada, en el 2011 se le prometió a la gente en condición de discapacidad una reducción del 15% en el pasaje y nada, más de 66 mil millones de pesos ha pagado el distrito en el arreglo de las losas, 65 mil millones del déficit de Transmilenio pagado con dineros públicos y denunciado por la contraloría, tratos indignos, demora en el servicio, recolección de firmas, propuestas ciudadanas y nada,  a los Nule les dan solo 7 años por semejante robo en las vías, antes era prohibido llevar pasajeros de pie ahora parece prohibido llevar buses vacíos, solo 13 familias son las que manejan el negocio de Transmilenio.

El progresivo desmonte de la tarifa diferencial, así como la imposibilidad de otorgar mayores subsidios a los menos favorecidos, se debe al hecho de que los contratos firmados entre el Distrito y los operadores privados del sistema obligan, de un modo u otro, a que sea el propio Distrito, el que costee cualquier tipo de rebaja que se haga a las tarifas de Transmilenio, ya que los contratos no permiten que se afecten las utilidades obtenidas por los empresarios del transporte. Si el distrito deseara continuar subsidiando el sistema de transporte masivo, y garantizar así una disminución en la tarifa que paga el usuario, deberá hacer una inversión de 100.000 millones de pesos, mientras que los operadores privados del sistema no tendrían que hacer ningún tipo de sacrificio, y continuarían viendo como sus arcas se llenan a costillas nuestras. 

Un ejemplo fehaciente de lo inconveniente que son este tipo de contratos, son los firmados entre el Distrito y los operadores privados para la fase I y II de Transmilenio. En ellos se establece que el dinero recaudado se deberá distribuir así: 70.5% para los operadores privados de buses articulados; 16,4 para los operadores privados de buses alimentadores; 7,5% para las empresas privadas de recaudo (venta y distribución de tarjetas); 5,5 para Transmilenio S.A., que es propiedad del Distrito, y 0.039% para la empresa fiduciaria que se encarga de hacer el reparto. En últimas, mientras que las empresas privadas se quedan con el 94,5% del recaudo, el Distrito recibe apenas un 5,5%.

Pero esto no es todo, a la desigual distribución del dinero recaudado, se suma el hecho de que es el Distrito el que debe hacer las inversiones en infraestructura necesarias para el funcionamiento del Sistema Transmilenio, o sea, es el Estado el que debe construir las troncales, estaciones, patios y talleres, mientras que el sector privado, a través de las empresas operadoras es responsable de los buses, el personal, la recaudación y la administración del dinero. Esto significa, en términos concretos, que es el Estado el que le monta el negocio a las operadoras privadas, para que estas se enriquezcan, o sea, somos los bogotanos los que compramos la vaca y son las empresas privadas las que se comen la carne y se toman la leche.

Pero esta situación no es exclusiva de Bogotá, la puesta en marcha de los sistemas masivos de transporte como Transmetro de Barranquilla, Megabús de Pereira, Mio de Cali y Metrolinea de Bucaramanga han estado ensombrecidos por la firma de contratos espurios y lesivos para la ciudanía, que obligan a los gobiernos municipales a entregar a los operadores privados el control del transporte público, y con ello las utilidades que se derivan de la prestación de este servicio. La pregunta aquí es ¿Qué tanta capacidad financiera tendrán estas ciudades, que tienen ingresos muy inferiores a los de Bogotá, para implementar subsidios y rebajas a los habitantes de sectores urbano-marginales? La respuesta es obvia, estas ciudades no podrán implementar ningún tipo de rebajas o subsidios, a no ser, que se haga al costo de reducir la inversión social en otros rubros, educación, salud, etc. lo que sería muy grave.

En su momento, la implementación de la tarifa diferencial en Bogotá, supuso un modesto ahorro para los hogares bogotanos, que son los que pagan el pasaje de transporte más caro de las ciudades colombianas, y el cuarto más caro entre las ciudades de América Latina, solamente superado por Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y Santiago de Chile.  En promedio un hogar colombiano debe destinar entre el 10% y el 15% de su ingreso al pago de transportes, lo que significa que una reducción en la tarifa del pasaje en Transmilenio, impactaría positivamente en los ingresos de los hogares, que podrían dirigir este ahorro a la inversión en educación, cultura o salud, rubros a los que solo pueden destinar menos del 5%.

Ante la demostrada indiferencia e indolencia de los operadores privados de estos sistemas de transporte, frente a las necesidades de los habitantes de nuestras ciudades, los movimientos y organizaciones sociales urbanas  deberíamos exigir, junto a la reducción en la tarifa en los transportes, la terminación unilateral de los contratos y la entrega de la operación de los sistemas de transporte a las entidades territoriales del Estado –Distritos, municipios-, exigiendo a los operadores privados la entrega al Estado de los buses y equipamientos.

Aunque se ha venido avanzando en el tema de una tarifa para estudiantes, como la ha sido la experiencia con el SENA, falta mas ya que son muchos los jóvenes que no logran ingresar a una educación pública y tiene que entrar a una universidad privada  lo que incrementa el gasto económico en las familias bogotanas.
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