Entre Redes
Grupo de
formación e investigación “Orlando Fals Borda”
Gloria
Bermúdez-Barrera
Alexis
Casallas-Torres
“A la memoria de Carlos y mi abuelo”
Mi abuelo llegó a Bogotá en la
década de los sesenta, huyéndole al hambre y la pobreza que azotaba diferentes
regiones de Boyacá. Además de unas cuantas ruanas y dentales que trajo y que
vendió en las calles de la ciudad para ganarse la vida, traía consigo un sueño,
conseguir una casita para él, mi abuela, mi mamá y mis 6 tías. Luego de varios
años de trabajar como vendedor callejero logró comprar y construir su lote. Desafortunadamente
la mayoría de mi familia no ha contado con
la misma suerte.
Desde la llegada de mi abuelo a
Bogotá, han sido cientos las falsas promesas de vivienda que han hecho los
gobiernos de turno, miles los “generosos” políticos que han prometido vivienda
propia, y varias las políticas públicas de vivienda que han terminado en un completo
fracaso. Las cosas no han cambiado mucho en estos 50 años, la promesa de
vivienda propia sigue siendo el más eficaz anzuelo de los políticos para la
pesca de electores, y todavía son millones los/as colombianos/as que sueñan
tener algún día su casita propia. Ante este panorama vale la pena preguntarnos
¿por qué no se ha logrado solucionar el problema de déficit de vivienda propia
para millones de colombianos/as? Y frente a esta situación ¿Cómo desde las
experiencias de las comunidades podemos construir una propuesta política que
garantice nuestro derecho a la vivienda?
El déficit de vivienda: De mal en peor
En la actualidad Colombia tiene
uno de los déficits más altos de vivienda de la región, afectando a cerca del
40% de los hogares. En el caso concreto de Bogotá, según el CENAC[1] para
el 2011 el 41,4 por ciento de los hogares estaba en arriendo, el 40,3 por
ciento tenía vivienda propia, el 3,5 por ciento residía en usufructo y el 2,3
por ciento restante tenía otra forma de tenencia. Las localidades con mayor
déficit de vivienda son Ciudad Bolívar (56,8%), Usme (53,3%), Mártires (51,9%)
y Rafael Uribe (51,4%).
A pesar de lo preocupantes que
son las cifras la solución al déficit de vivienda no está a la vista, por el
contrario este tiende agudizarse de la mano del incremento constante de los
precios de la vivienda en la ciudad, tener casa propia en Bogotá es un sueño
que sube y sube de precio. Se calcula que en los últimos 10 años el precio de
la vivienda ha subido en un 160%, como lo informó en abril de este año el DANE.
La especulación ha sido y es
el ama y señora del mercado de la vivienda en Bogotá. Hace 15 años una vivienda
en estrato 2 que valía 20 millones de pesos, hoy cuesta entre 80 y 90 millones.
Sin embargo, ha sido en los últimos años que los precios han crecido
desmesuradamente, por ejemplo, el costo del metro cuadrado en Santa Bárbara
Central (al norte de la ciudad) se incrementó un 100% en tan solo dos años, al
pasar de 5 millones de pesos que valía en el 2011 a 10 millones en el 2013. Es más,
aunque parezca absurdo, hay barrios exclusivos de Bogotá en los que el precio
del metro cuadrado es igual al de algunas zonas de Miami o Nueva York. Los
desmesurados costos de la vivienda en Bogotá han impedido que miles de hogares
puedan acceder a una vivienda propia, o que para hacerlo tengan que recurrir a
la banca privada para obtener un abusivo crédito bancario. Según Libardo
Sarmiento, entre el periodo de octubre 2013-septiembre 2014, el valor de los
créditos para vivienda nueva y usada aumentó 18,3 y 4,7 por ciento,
respectivamente.
Lo más inquietante de esta
situación es que de la mano de los crecientes costos de la vivienda en Bogotá
se ha encarecido el costo del canon de arrendamiento. Ante la imposibilidad de miles de hogares de
tener vivienda propia la mayoría de estos debe tomar casas, apartamentos y
habitaciones en arriendo. Según Fedelonjas en Bogotá el 46,2% de los hogares
están en condición de arrendatarios o subarrendatarios.
De hecho Bogotá, según el BID, es
la ciudad de América Latina donde más gente vive en arriendo, y una de las más
costosas para vivir. Por ejemplo, arrendar un apartamento en el estrato 3 y 4
cuesta en promedio $850.000 y el ingreso anual para un ciudadano es de
$14’840.000, mientras que en Sao Paulo (Brasil), que maneja un precio de
arrendamiento igual al bogotano, sus habitantes devengan $21’715.000. Sin
embargo, el problema es más difícil para las familias sin vivienda propia que
devengan hasta un (1) SMMLV ya que deben destinar aproximadamente el 60% de su
ingreso mensual al pago de arriendo, lo que es una cifra excesiva para un hogar
pobre, como lo indica el experto en urbanismo de la Universidad Nacional Carlos
Torres.
¿Y cómo responde el Estado a esta situación?
La respuesta del Estado frente a
esta problemática ha sido equivocada e insuficiente. Como lo señala Carlos
Torres, Bogotá arrastra con un déficit de vivienda histórico, según el Plan de Ordenamiento Territorial
-POT- del año 2000 para el 2010 se debían construir 500.00 nuevas edificaciones
en la ciudad, eso quería decir que cada año se tenía que levantar 55.000 nuevas
viviendas, para solucionar el déficit. En Bogotá el déficit para agosto de 2007 era
de 325.795 unidades habitacionales, de las cuales 175.899 correspondían al
déficit cuantitativo[2]
y 149.896 al déficit cualitativo[3] con lo que el déficit de vivienda ha
terminado por perpetuarse y agudizarse.
En estas últimas décadas el
Estado ha sido incapaz de garantizar a millones de colombianos y colombianas el
goce pleno del derecho a una vivienda digna. Esto se ha debido, en primer
lugar, a que el Estado se ha concentrado en favorecer los intereses económicos
tanto de los grandes emporios de la construcción como del sector financiero a
costa del bienestar de los/as ciudadanos/as; en segundo lugar, porque las
políticas públicas en materia de vivienda están pensadas para incentivar el
mercado de la vivienda, mediante estímulos económicos a las constructoras y subsidios a la demanda, y no para cumplir con
su deber constitucional; y por último, porque al dejar en manos de la empresa
privada la construcción de viviendas estas han estado más preocupadas en
aumentar sus márgenes de utilidad, negando el acceso a los créditos de vivienda
a los más pobres y entregando viviendas de mala calidad y sin los equipamientos
y dotaciones urbanísticas mínimas –parques, jardines infantiles, zonas verdes,
etc.
Una demostración de esto es la
actual política de vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos que se ha
centrado en entregar “viviendas” gratis para las personas más vulnerables[4].
Esta iniciativa no ataca el problema de déficit de vivienda, varios de los
subsidios prometidos no están llegando realmente a los hogares menos
favorecidos, además es una política que no se encuentra articulada con una
política integral de hábitat, son viviendas sin dotación en infraestructura
como colegios, guarderías, vías para la movilidad, lugar de empleo. Por
último, las comunidades que en el pasado
construían alternativas para edificar sus
viviendas, a través de las asociaciones de vecinos, invasiones etc.,
ahora se ven fragmentadas con las políticas del mercado inmobiliario que
construye edificios en zonas periféricas sin planeación urbanística, y sin acompañamiento para las comunidades en
cuanto a temas de convivencia y seguridad.
Vivienda digna: Desde y para las comunidades.
Frente al claro fracaso de las
políticas públicas del Estado en materia de vivienda, las comunidades,
organizaciones y movimientos sociales populares debemos construir un modelo
alternativo de ciudad en la que el derecho a la vivienda sea una prioridad. En
este sentido una propuesta mínima al respecto debería contemplar lo siguiente:
a) el Estado debería ser el principal promotor y garante de la oferta de
vivienda en el país, y no actuar solo como agente regulador del mercado de la
vivienda; b) El Estado no puede seguir promoviendo modelos de desarrollo
urbanístico que acentúan y profundizan la segregación y exclusión espacial; c)
por ello, la responsabilidad del Estado no se restringe a la oferta de vivienda
sino que implica el dotar los territorios con toda la infraestructura necesaria
para el goce de derechos como la salud, educación, cultura, recreación y al
ambiente; d) la política de vivienda debería tener un enfoque territorial con
amplia participación de las comunidades en su definición; y por último, e) en
este sentido, la política pública debería construirse desde el reconocimiento
de que existen muchas experiencias comunitarias exitosas para satisfacer la
necesidad de vivienda.
Mi abuelo ya no está, su casa es habitada por algunas de mis tías y
sus familias, ellas continúan albergando el sueño de tener su casa propia en territorios con parques, colegios, centros
deportivos y culturales, guarderías, vías de acceso, transporte público, en los
que ellas y sus hijos e hijas puedan vivir dignamente. Sueño que debemos
construir entre todas y todos para lo que nos estamos juntado en la Cumbre Popular Urbana, una iniciativa de
diferentes organizaciones sociales y comunitarias de Bogotá que nos venimos
encontrando para compartir nuestras experiencias de resistencia y luchas por condiciones de vida diga en
nuestros territorios. Nuestra próxima cita será en el 26 y 27 de Junio en el
Hospital San Juan de Dios donde vamos a construir participativamente una agenda
social por el derecho a la ciudad.
[1]
Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional
[2] Estima la cantidad de viviendas que la sociedad
debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las
viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa
en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas
apropiadas existentes.
[3] Hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias
habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.
[4] La política de focalización de subsidios para las
viviendas gratis es para personas en condiciones de desplazamiento forzado que
hacen parte de la Red Unidos y a hogares afectados por los desastres naturales
o que habiten en zonas de alto riesgo no mitigable. Sin embargo, desconoce otra
serie de familias en condiciones de pobreza extrema y condiciones de
vulnerabilidad alta, como subempleados, madres cabeza de familia, etc.
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